La UE quiere prohibir las transacciones anónimas de criptomonedas

Bitcoin Pedestal

La Comisión Europea ha presentado un documento que propone incrementar el control sobre los bitcoins y el resto de las criptomonedas. De salir adelante la propuesta, las empresas que utilicen estos activos estarán obligadas a declarar el origen y el destinatario de ese dinero. Según el informe publicado, esta medida ayudaría a acabar con el lavado de dinero de origen ilícito y con la financiación del terrorismo.

La Comisión Europea argumenta que controlar las criptomonedas ayudará a combatir el lavado de dinero y la financiación de grupos terroristas

Asimismo, esta nueva legislación prohibiría la creación de carteras anónimas de activos de criptomonedas. En el texto, la Comisión argumenta que, tanto las carteras como las transferencias de criptomonedas, deben estar sujetas a las mismas leyes contra el blanqueo que las de dinero real.

De momento, las transferencias con criptomonedas en la Unión Europea son anónimas. Si prosperase la ley esto cambiaría, al menos para las empresas, pues no se especifica qué pasaría con las transferencias entre particulares. El documento de la Comisión propone que, cuando una compañía efectúe una transferencia con criptomonedas superior a los 1000 euros, estará obligada a declarar el nombre, la dirección, fecha de nacimiento y número de cuenta del destinatario.

Hasta ahora, solo algunos de los servicios de las criptomonedas están sujetos a la regulación de la Unión Europea contra el lavado de dinero. De hecho, ya en 2019 manifestó su intención de regular y vigilar Libra, la criptomoneda de Facebook. De aprobarse estas nuevas normas, dicha regulación se extendería a todo el sector de las criptomonedas.

En el mismo borrador se propone que la Unión Europea cree un organismo específico destinado a vigilar las “instituciones financieras de riesgo”.  También se está considerando la idea de prohibir las transacciones en efectivo para cantidades superiores a los 10.000 euros. Antes de aplicarse, las medidas deberán ser aprobadas por el Parlamento europeo y por los estados miembros. El proceso hasta convertirse en ley podría demorarse unos dos años.

Bernardo Álvarez

Graduado en psicología y periodista entre Asturias y Madrid. Interesado en Interesado en política internacional, tecnología, medio ambiente y cultura

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