Australia obligará a las redes sociales a identificar a los trolls
El primer ministro de Australia, Scott Morrison, ha desvelado el proyecto para aprobar una legislación en aquel país que, en determinados casos, obligaría a la redes sociales a revelar las identidades de los trolls y de aquellos usuarios que publiquen contenidos ofensivos.
Si la red social no borrase los mensajes ofensivos se le obligaría a identificar al autor de los mismos
Esta normativa articularía un mecanismo de queja y denuncia por el que se requeriría a las plataformas online a que borren esas publicaciones ofensivas. En caso de no hacerlo se arbitraria una petición judicial para que la red social facilite los detalles del autor de los contenidos a fin de identificarle.
Morrison se ha referido a Internet como «el salvaje Oeste», donde los autores anónimos de publicaciones ofensivas pueden atacar y dañar a los demás, añadiendo que si estos comportamientos se producen en la vida real y se persiguen no hay razón para que permanezcan impunes en el ámbito online.
Esta propuesta legislativa llega semanas después de que el Tribunal Supremo de Australia estableciese que las empresas propietarias de medios pueden ser perseguidas por comentarios publicados en Facebook. Esto provocó que la cadena estadounidense de noticias CNN limitará el acceso desde el país austral a sus páginas en dicha red social.
La controversia sobre la medida se suscita por la doble vertiente que supone el anonimato en las publicaciones online. Si bien el anonimato puede permitir la publicación con cierta impunidad de comentarios que puede ser ofensivos también protege a quien es están perseguidos por ser disidentes políticos o críticos con gobiernos autoritarios.
A falta de que se concrete el proyecto normativo que se aprobaría en Australia, también falta conocer ejemplos de que constituiría, acorde con dicha ley, ofensa suficiente como para perseguir a sus autores hasta el punto de obligar a las redes sociales a identificarles.
Medidas similares están en discusión en distintos países, y de hecho en el caso de España hace ya algunos años que el anonimato (entendido como sinónimo de impunidad) se trata de una cuestión que está en la agenda política, aunque todavía sin concretar legalmente.
