Google se enfrenta a más sanciones por monitorizar la ubicación de los usuarios
Varios grupos de consumidores de siete países europeos han solicitado a la Unión Europea que se proceda a sancionar a Google por el incumplimiento de la Ley General de Protección de Datos, conocida como GDPR por sus siglas en inglés.
Según estas asociaciones, la monitorización y recopilación de datos de todos los movimientos que hacen los usuarios, a través de su servicio de GPS Google Maps, entraría en conflicto con la legislación vigente.
La GDPR prevé sanciones de hasta el 4% de los ingresos globales de las empresas que incumplan la legislación
La investigación, llevada a cabo por el Consejo de Consumidores Noruegos, alega que no existe una opción real para desactivar el historial de ubicaciones del servicio una vez que se ha habilitado. Esta desactivación solo se puede llevar a cabo cuando se ha creado la cuenta de Google, además, si se pausa este historial de ubicaciones, los usuarios reciben la advertencia de este acto conlleva la limitación de determinadas funcionalidades.
El estudio, remitido a los legisladores noruegos para su posterior tramitación a la Unión Europa, ha sido replicado por asociaciones de consumidores de Polonia, Holanda, Grecia, Suecia, República Checa y Eslovenia, que han seguido el mismo proceso de alegato en primera instancia a sus reguladores nacionales.
La Organización Europea del Consumidor, BEUC, por sus siglas en inglés, detalla que los métodos empleados por Google para incitar a los usuarios a activar este historial de ubicaciones y de actividad en la web y en la plataforma suponen una práctica desleal, ya que deja a los consumidores en una nebulosa en torno a la utilización de sus datos personales.
Para la institución europea, la investigación deja claro que los usuarios no dan su permiso deliberadamente para que se monitoricen estos datos, lo que supondría el incumplimiento de las bases de la GDPR.
Si esta demanda de los grupos de consumidores fructifica, Google podría enfrentarse a una multa millonaria por parte de la Unión Europea, ya que la actual legislación prevé sanciones de hasta el 4% de los ingresos globales de la empresa, una cantidad que en el caso de la compañía norteamericana podría ascender a miles de millones de euros.
