¿Puede un Gobierno cobrar por usar WhatsApp?
El Gobierno del Líbano ha tenido que cancelar esta semana, en cuestión de horas, el establecimiento de un nuevo impuesto que pretendía gravar las comunicaciones telefónicas a través de WhatsApp y de otras aplicaciones de mensajería instantánea gratuita como Facebook Messenger, FaceTime… es decir, todas las que se producen vía Voz sobre IP (VoIP).
Líbano ha tratado esta semana de imponer una tasa al uso de las llamadas de voz sobre IP
El primer ministro libanés, Saad Hariri, junto al ministro de Telecomunicaciones, Mohamed Chucair, anunciaron esta semana que, a partir de 2020, los ciudadanos tendrían que pagar una tasa de 20 céntimos de dólar al día por emplear las llamadas gratuitas a través de WhatsApp, junto a otras medidas igualmente impopulares.
Esta medida resultó ser la gota que colmó el vaso y provocó manifestaciones masivas en Beirut, la capital del país, contra la gestión del Gobierno libanés en materia económica. Tan importantes fueron los altercados sucedidos durante el jueves y el viernes (cierre de colegios, saqueo de comercios, bloqueo de las principales vías de acceso… con más de 60 policías heridos y más de 100 detenidos) que el Gobierno ha dado marcha atrás y ha señalado que no impondrá la tasa.
El ejecutivo buscaba financiar parte de la enorme deuda que arrastra el país -superior al 150% de su Producto Interior Bruto- gravando a los usuarios por emplear las comunicaciones gratuitas a través de sus apps sociales. Sin embargo las revueltas han acabado en menos de 72 horas con la polémica medida de imponer una tasa a las llamadas de voz sobre IP gratuitas.
Libano no ha logrado sacar adelante la medida, pero otros Gobiernos si que avanzaron e incluso lograron imponer al menos durante un tiempo impopulares tasas similares. Por ejemplo, en Uganda desde el pasado verano de 2018 se aplica un impuesto similar por emplear no sólo los sistemas de llamadas de voz sobre IP, sino también Facebook y otras redes sociales.
Por supuesto, un Gobierno puede adoptar la decisión de gravar no sólo estos servicios, sino cualquier otro, como ya hace: el alcohol, la gasolina, el tabaco y las telecomunicaciones, cobrando impuestos a las operadoras que también repercuten en la factura de telefonía y móvil que a final de mes soportan los ciudadanos.
En este sentido, es lícito que se decida gravar un servicio como la VoIP. Otra cosa son las consecuencias que pueda tener esta medida. En Líbano se han producido importantes incidentes, mientras que en Uganda, donde la medida sí está en vigor y los usuarios deben pagar 0,05 céntimos por acceder cada día a estos servicios, la consecuencia principal ha sido la pérdida de más de 5 millones de internautas, según ha denunciado la Comisión de comunicaciones de Uganda.
¿Puede permitirse un país en vías de desarrollo un retroceso así en el desarrollo tecnológico de su población? A todas luces, resulta una medida impopular, propia de gobiernos censores o de sociedades ya demasiado oprimidas por el régimen impositivo, que además, es la razón que anima a movilizarse a muchos ciudadanos cansados de no contar con servicios básicos o tener dificultades para alimentar a su familia, como señalaban muchos de los participantes en las protestas del Líbano.
