¿Qué significa la «Tasa Google» que ha aprobado España?
Las grandes empresas de Internet tendrán que tributar más en España. Al menos esa es la intención del Gobierno que, siguiendo los pasos de naciones vecinas como Francia, Austria o Italia, ha propuesto un nuevo impuesto al que se conoce, popularmente, como «Tasa Google«.
Las empresas que facturen más de 3 millones de euros en España y más de 750 millones a nivel global tendrán que pagar el 3% de sus ingresos
Esta «Tasa Google» en realidad no afectaría únicamente al buscador, sino a todas las grandes compañías de Internet y gigantes tecnológicos que operan en España. La tasa en realidad se llama «Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales» (IDSD), aunque sólo en ámbitos oficiales se le otorgue ese nombre. Hoy es noticia porque el Congreso de los Diputados ha aprobado que se siga tramitando, con los votos de PSOE, Unidas Podemos y sus socios de gobierno, mientras que PP, Vox y Ciudadanos han votado en contra al haber sido denegadas las enmiendas que habían propuesto.
Así las cosas, el impuesto sigue adelante. Cuando se aplique, supondrá que las empresas de servicios digitales tendrán que pagar el 3% de sus ingresos si tienen más de 750 millones de euros al año a nivel mundial y generan más de 3 millones de euros en España. Esto se aplicará a determinados servicios digitales y afectaría, entre otras, a compañías como Google -de ahí el nombre-, Microsoft, Amazon o Facebook. Con ella el Gobierno espera recaudar más de 1.200 millones de euros con la medida.
De momento, se ha aprobado la tramitación de la ley, que aún no empezará a aplicarse todavía. Es más, según el Gobierno español, su aplicación será «transitoria» hasta que haya una legislación con carácter europeo -la Comisión Europea ya trabaja en este sentido- aunque su aceleración a nivel nacional viene motivada por la difícil situación económica del país tras la pandemia de COVID-19. Ya se había planteado antes del coronavirus, pero sus consecuencias han precipitado su aprobación.
Se trata así de evitar medidas drásticas que afecten a la ciudadanía, especialmente a pymes y autónomos, pero obviamente ha generado malestar entre las empresas -la mayor parte norteamericanas- que lo consideran una afrenta a sus intereses. De hecho, incluso el gobierno de Estados Unidos se había posicionado en contra esta semana ante lo que considera no solo un ataque a los intereses de sus compañías sino clara «discriminación»
Es más, la Oficina del Representante del Comercio de Estados Unidos ha abierto una investigación para analizar cómo afectará esta tasa a sus intereses comerciales, y no descarta tomar medidas contra los países que obliguen a sus compañías a pagar una tasa solo por el hecho de tener cifras altas de facturación. La Sección 301 (Investigations of Digital Services Taxes) ha emitido una lista de países que están en estudio, entre los que se encuentra España e Italia, Reino Unido, Austria y Brasil, entre otros, aunque curiosamente Francia queda excluida, a pesar de haber aprobado una tasa similar.
