Los documentos también contienen información de las tácticas de presión que, presuntamente, utiliza Facebook para comprar las plataformas sociales ya existentes (intentó en varias ocasiones adquirir Snapchat en 2013, sin conseguirlo), y sobre las presuntas amenazas que sufrieron influencers en Instagram, a quienes se les amenazó con perder sus estados verificados si compartían enlaces de Snapchat en su cuenta.

Para los reguladores antimonopolio, la información que podría haber compartido Snapchat podría llevar a tomar nuevas medidas como más sanciones a Facebook o incluso tener que deshacer algunas de sus adquisiciones anteriores. De hecho, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes ha solicitado comunicaciones ejecutivas para volver a indagar en los procesos de compra de la plataforma Instagram en 2012 y de WhatsApp en 2014.